"No me reuní con De la Sota", dijo Riutort, e ironizó: "Tendré que ir a Alfil para que me consiga una audiencia".
 
Ella sí reconoció que tuvo reuniones con los ministros Manuel Calvo, de Agua, Ambiente y Energía; y Daniel Passerini, de Desarrollo Social, quienes la recibieron supuestamente por orden de De la Sota.
 
Riutort aclaró: "Si tuviera que pedir una audiencia con el gobernador lo haría, pero ahora no hablo ni por teléfono".
 
Ahora, en Córdoba aparece un proyecto de ley que De la Sota envió al Legislativo llamado "Antidroga", y que apunta a que el Poder Judicial de Córdoba investigue las causas de venta minorista de drogas, reemplazando a la Justicia Federal.
 
"Prácticamente podremos duplicar la capacidad de respuesta (comparado a la Justicia Federal). Con eso, no quiere decir que vaya a ser la panacea", manifestó la magistrada Aída Tarditti al responder la pregunta sobre si era conveniente o no el traspaso de competencias.
 
Sin embargo, un riesgo es que la lucrativa actividad del narcotráfico tenga nuevos espacios para comprar influencia, no solamente en la Justicia, sino también en los ámbitos donde se investiga.
 
Y otro, que se pierda la oportunidad de perseguir a grandes actores debido a una mirada centrada en los pequeños vendedores de droga. De alguna manera, el proyecto de despenalización que se debate en el Legislativo Nacional entraría en colisión con el enfoque del proyecto de De la Sota.
 
El fiscal federal Nº1, Enrique Senestrari, advirtió: “El problema es que los quioscos de droga suelen ser la fuente de investigación para llegar a organizaciones más complejas, porque a través del ‘chiquitaje’ se puede llegar a los narcos más grandes. Ahora habrá que ser más creativos".
 
Coincidió la fiscal federal Nº3, Graciela López de Filoñuk, quien pronostica un comienzo conflictivo hasta que se
 
coordine de manera eficiente la competencia de cada ámbito: “Cuando comienza la venta de un estupefaciente, nunca sabemos si paramos en un quiosco o si llegamos a mucho más. Habrá que ponerse de acuerdo con los fiscales provinciales”.
 
De todos modos Alfil fue quien arrojó más lógica sobre el tema, bajando a De la Sota de las nubes:
 
"Una casual lección de política práctica recibieron ayer los legisladores, de parte de los tres vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María Ester Cafure de Battistelli, Aída Lucía Teresa Tarditti y Luis Enrique Rubio, que habían sido invitados por ellos para escuchar sus opiniones sobre el proyecto anti-micronarcos que enviara a la Cámara el gobernador José Manuel De la Sota. Especialmente ellas, recordaron que para poner en práctica el fuero de Lucha contra el Narcotráfico que creará la ley, son necesarios nuevos recursos, y alertaron con perspicacia, y seguramente recordando la avaricia de la Nación con la Caja de Jubilaciones, que si, tal como indica el artículo 2 del proyecto, eso depende de la Casa Rosada, podría haber problemas. Prudente observación.
 
Cafure de Battistelli les recordó que a Buenos Aires, hasta ahora la única provincia que adhirió a la ley nacional que "federaliza" la persecución de los narcos al menudeo, la Nación no le giró nada. "Les ruego que lo tengan presente y piensen en una afectación del presupuesto de la Provincia", dijo, dramática, la jueza del TSJ. (...)".